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La accesibilidad de todos los edificios, sean públicos o no, es una cuestión esencial para garantizar la libertad de movimiento de las personas con algún tipo de discapacidad física. Precisamente, en el año 2013 se aprobó la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social. En esta nueva normativa se daba un plazo de cuatro años para mejorar las condiciones de accesibilidad de los inmuebles. El plazo finalizó el pasado mes de diciembre y, a pesar de que el precio de los salvaescaleras en Madrid es más asequible que hace años, aún son muchos los edificios que no han cumplido con el objetivo.