¿Qué pasa si mi edificio todavía no es accesible?

precio de los salvaescaleras en Madrid

¿Qué pasa si mi edificio todavía no es accesible?

La accesibilidad de todos los edificios, sean públicos o no, es una cuestión esencial para garantizar la libertad de movimiento de las personas con algún tipo de discapacidad física. Precisamente, en el año 2013 se aprobó la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social. En esta nueva normativa se daba un plazo de cuatro años para mejorar las condiciones de accesibilidad de los inmuebles. El plazo finalizó el pasado mes de diciembre y, a pesar de que el precio de los salvaescaleras en Madrid es más asequible que hace años, aún son muchos los edificios que no han cumplido con el objetivo.

El Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España (CGCAFE), sólo el 77% de los edificios de uso residencial han eliminado sus barreras arquitectónicas. Por su parte, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) considera que el principal motivo para que el objetivo no se haya visto cumplido está relacionado con la oposición de ejecutar las obras pertinentes por parte de los propietarios.

Es cierto que este tipo de trabajos suponen una inversión por parte de la comunidad de propietarios. Muchos no quieren afrontar la derrama necesaria. Pero, además, hay que tener en cuenta que la normativa que nos ocupa depende a su vez de la Ley de Propiedad horizontal (LPH) y esta última establece que las obras deben ser solicitadas por una persona con movilidad reducida o mayores de 70 años. En cualquier caso, el solicitante debe residir o trabajar en dicho edificio.

Sin embargo, este factor puede perjudicar a personas que precisen de estos elementos salvaescaleras pero no se atrevan a solicitarlos o a personas con movilidad reducida que por alguna causa se ven obligadas a visitar el inmueble. Por este motivo, desde la CERMI se ha solicitado que se modifique la normativa para que la solicitud de una persona afectada no sea necesaria.

Este factor supone que aquellas fincas que no cumplen la ley no tengan que hacer frente al pago de sanciones. Aunque en Hidro Lift Europa queremos destacar que las mismas están contempladas en la normativa y van desde los 300 euros hasta un millón. En CERMI aseguran que un elevado porcentaje de la demanda de soluciones salvaescaleras acaban en los tribunales por la negativa de otros propietarios a acometer las obras.